La Ley Nacional 24.051 establece el régimen aplicable a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en Argentina dentro de los supuestos alcanzados por la jurisdicción nacional. Desde Quimiguay vamos a estar mencionando los aspectos más relevantes sobre la ley así puedes conocerla con profundidad.
¿Qué es la Ley 24.051?
La norma determina qué residuos deben considerarse peligrosos, identifica a los sujetos responsables de su gestión, establece un sistema de registro y trazabilidad y regula las obligaciones correspondientes a generadores, transportistas y operadores. También contempla responsabilidades civiles, sanciones administrativas y consecuencias penales frente a conductas que puedan afectar la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente.
Fue sancionada el 17 de diciembre de 1991, publicada en el Boletín Oficial el 17 de enero de 1992 y posteriormente reglamentada por el Decreto 831/1993. Su texto puede consultarse en el portal oficial de normativa de la República Argentina.
¿Cuál es su objetivo?
El objetivo principal de la Ley 24.051 es controlar la gestión de los residuos peligrosos durante todas las etapas de su ciclo, desde su generación hasta su tratamiento, recuperación o disposición final. La norma procura prevenir daños sobre:
- La salud humana.
- Los demás seres vivos.
- El suelo.
- Las aguas superficiales y subterráneas.
- La atmósfera.
- El ambiente en general.
Para alcanzar este objetivo, la ley establece obligaciones técnicas, administrativas y documentales destinadas a identificar los residuos, conocer su origen, controlar su traslado y acreditar el destino que reciben.
No se limita, por lo tanto, a regular la eliminación final. Comprende toda la cadena de gestión y asigna responsabilidades específicas a cada uno de los sujetos que intervienen.
¿En qué casos se aplica?
El artículo 1 establece que la ley se aplica cuando la generación, manipulación, transporte, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos se desarrolla en alguna de las siguientes circunstancias:
- Los residuos se generan o se encuentran en lugares sometidos a jurisdicción nacional.
- Los residuos generados dentro de una provincia están destinados a ser transportados fuera de ella.
- Los residuos podrían afectar a las personas o al ambiente más allá de los límites de la provincia en la que fueron generados.
- Las medidas de seguridad o higiene necesarias tienen una repercusión económica que justifica su uniformidad en todo el territorio nacional.
Esto significa que la Ley 24.051 no reemplaza de forma automática las normas provinciales o locales sobre residuos peligrosos. Las empresas deben analizar la jurisdicción en la que desarrollan sus actividades, el origen y destino de los residuos y la existencia de movimientos interjurisdiccionales.
Las provincias pueden adherir al régimen nacional y también cuentan con facultades para dictar sus propias normas ambientales. Por ese motivo, una organización puede encontrarse obligada a cumplir simultáneamente requisitos nacionales, provinciales y municipales.
¿Qué se considera residuo peligroso?
De acuerdo con el artículo 2, se considera peligroso todo residuo que pueda causar un daño directo o indirecto a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Para determinar si un residuo está alcanzado por la ley deben analizarse dos elementos principales:
- Si pertenece a alguna de las categorías incluidas en el Anexo I.
- Si presenta alguna de las características de peligrosidad establecidas en el Anexo II.
Entre las características contempladas se encuentran la explosividad, inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, capacidad infecciosa y ecotoxicidad, entre otras.
El Anexo I incluye diferentes corrientes de desechos sometidas a control. Entre ellas se encuentran:
- Desechos clínicos resultantes de la atención médica.
- Desechos provenientes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.
- Desechos que contienen determinados compuestos químicos o metales.
- Desechos provenientes de tratamientos de superficies.
- Desechos resultantes de actividades industriales específicas.
- Aceites minerales usados no aptos para el uso al que estaban destinados.
- Mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
La inclusión de los aceites minerales usados y de las mezclas de hidrocarburos resulta especialmente relevante para industrias, talleres, plantas productivas, establecimientos logísticos y otras actividades que utilizan lubricantes, combustibles o derivados del petróleo.
La ley también se aplica cuando un residuo peligroso puede utilizarse como insumo en otro proceso industrial. La posibilidad de recuperación, reciclado o valorización no elimina automáticamente su condición jurídica ni las obligaciones correspondientes a su gestión.
¿Qué residuos están excluidos de la ley?
La Ley 24.051 excluye expresamente:
- Los residuos domiciliarios.
- Los residuos radiactivos.
- Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques.
Estas corrientes se encuentran alcanzadas por normas específicas y por los convenios internacionales que correspondan.
La exclusión debe interpretarse según la naturaleza y el origen del residuo. El hecho de que un residuo sea generado dentro de un establecimiento industrial, por ejemplo, no determina por sí solo que sea peligroso. Deben evaluarse su composición, sus características y las categorías legales aplicables.
Registro Nacional y Certificado Ambiental Anual
La ley dispone la creación del Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. En este registro deben inscribirse las personas humanas o jurídicas responsables de la generación, el transporte, el tratamiento o la disposición final de los residuos alcanzados.
Una vez cumplidos los requisitos, la autoridad competente otorga el Certificado Ambiental Anual. Este documento acredita la aprobación del sistema de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final declarado por el titular.
El certificado debe renovarse anualmente y constituye un requisito necesario para la habilitación de las actividades comprendidas. Actualmente, los trámites correspondientes pueden realizarse mediante los procedimientos establecidos por la autoridad ambiental nacional para la obtención del Certificado Ambiental Anual.
La falta de inscripción no exime a una empresa de las obligaciones ni de las responsabilidades previstas por la ley. La autoridad también puede realizar una inscripción de oficio cuando determine que una actividad se encuentra alcanzada.
Obligaciones de los generadores
La ley considera generador a toda persona humana o jurídica que produzca residuos peligrosos como resultado de sus actos, procesos, operaciones o actividades. Para inscribirse, el generador debe presentar una declaración jurada con información sobre:
- La identidad y el domicilio de la organización.
- La ubicación de las plantas generadoras.
- Las características físicas, químicas o biológicas de cada residuo.
- Los procesos que originan los residuos.
- Las cantidades anuales estimadas.
- Las sustancias peligrosas utilizadas.
- Los métodos de evaluación y análisis.
- El tratamiento, transporte y destino previsto.
- El personal potencialmente expuesto.
- Los procedimientos preventivos y de diagnóstico.
El artículo 17 establece obligaciones operativas fundamentales. Los generadores deben:
- Adoptar medidas para disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados.
- Separar los residuos de manera adecuada.
- Evitar la mezcla de residuos incompatibles.
- Envasarlos en recipientes apropiados.
- Identificar, numerar y fechar los recipientes.
- Entregar los residuos que no traten en sus propias instalaciones a transportistas autorizados.
- Indicar con precisión el destino final mediante el manifiesto correspondiente.
Cuando un generador está autorizado para tratar los residuos en su propia planta, debe mantener un registro permanente de las operaciones realizadas.
Obligaciones de los transportistas
Los transportistas deben inscribirse en el registro correspondiente y declarar los residuos que se encuentran autorizados a trasladar, los vehículos y contenedores utilizados y los equipos disponibles para responder ante emergencias. También deben acreditar:
- Capacidad para actuar frente a accidentes.
- Capacitación del personal.
- Licencias especiales cuando correspondan.
- Cobertura de seguro o garantía suficiente.
- Procedimientos para derrames o liberaciones accidentales.
- Registros de las operaciones realizadas.
El transportista solamente puede recibir residuos acompañados por el manifiesto correspondiente y debe entregarlos en su totalidad a la planta de tratamiento o disposición final indicada por el generador.
La ley prohíbe al transportista:
- Mezclar residuos peligrosos con residuos no peligrosos.
- Mezclar residuos peligrosos incompatibles.
- Almacenar los residuos por más de diez días.
- Transportar residuos en embalajes o envases deficientes.
- Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta autorizada.
- Transportar simultáneamente residuos incompatibles dentro de una misma unidad.
Cuando, por una emergencia, los residuos no pueden entregarse en la planta indicada, deben devolverse al generador o trasladarse a un lugar autorizado por la autoridad con competencia territorial.
¿Qué deben hacer las empresas para cumplir con la normativa?
El cumplimiento requiere un sistema de gestión documentado y adaptado a cada establecimiento. Como punto de partida, una empresa debería:
- Identificar todos los residuos generados por sus procesos.
- Determinar si se encuentran incluidos en las categorías sometidas a control.
- Analizar sus características de peligrosidad.
- Revisar la normativa nacional, provincial y municipal aplicable.
- Tramitar las inscripciones y certificados correspondientes.
- Implementar procedimientos de segregación, rotulado y almacenamiento.
- Capacitar al personal involucrado.
- Preparar planes de contingencia.
- Contratar únicamente transportistas y operadores habilitados.
- Documentar cada movimiento mediante el manifiesto.
- Conservar certificados, registros y constancias de tratamiento.
- Verificar efectivamente el destino final de los residuos.
- Revisar periódicamente las habilitaciones de todos los participantes.
- Implementar medidas destinadas a reducir, recuperar o valorizar los residuos cuando sea técnica y ambientalmente viable.
En el caso de aceites lubricantes usados, mezclas de hidrocarburos y otros residuos derivados del petróleo, la gestión debe contemplar una caracterización correcta, almacenamiento seguro, retiro documentado y entrega a operadores habilitados para su tratamiento, recuperación o disposición.
Importancia de una gestión integral de residuos peligrosos
La Ley 24.051 establece un sistema basado en la prevención, la trazabilidad y la responsabilidad de todos los actores involucrados. Cumplir la normativa no consiste únicamente en retirar los residuos de un establecimiento: implica conocer qué se genera, cómo se almacena, quién lo transporta, qué tratamiento recibe y cuál es su destino efectivo.
Una gestión integral permite disminuir riesgos ambientales, proteger la salud de los trabajadores, evitar contingencias operativas y mantener la documentación necesaria frente a inspecciones o auditorías.
Cuando los residuos poseen posibilidades de recuperación, su gestión también puede contribuir a reincorporar materiales al sistema productivo. Sin embargo, la valorización debe realizarse mediante procesos autorizados y no elimina las obligaciones legales aplicables mientras el material conserve la condición de residuo peligroso.
